Las y los firmantes de este manifiesto, ante la opinión pública y las instituciones competentes, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de la población inmigrante en Palma del Río, especialmente de aquellos y aquellas que llegan para trabajar en la campaña agrícola. Denunciamos la estigmatización y el discurso xenófobo que asocia la inmigración con la delincuencia, perpetuando estereotipos que no solo son falsos, sino que también contribuyen a la exclusión social y a la vulneración de derechos humanos fundamentales.
Ninguna persona es ilegal. La falta de documentos y las trabas burocráticas para acceder a permisos de trabajo y residencia obligan a estas personas a vivir en la marginalidad, sin acceso a servicios básicos y en condiciones de explotación laboral. Esta situación no solo afecta a los inmigrantes, sino que también debilita el tejido social de nuestra comunidad, perpetuando un modelo de desigualdad y exclusión que nos avergüenza.
A fecha de diciembre de 2024 el número de habitantes empadronados en Palma del Río ascendía a 21.842 personas. De ellas eran de origen extranjero un total de 2.524, es decir un 11,55% de la población. A este colectivo debemos añadir todas las personas que viven aquí, pero que no se encuentran empadronadas. La población inmigrante alcanza en Palma del Río unas cifras importantes. Personas que vienen hasta aquí atraídas por la gran demanda de trabajo que existe, sobre todo en la agricultura, los cuidados y la hostelería. De ninguna manera, esta demanda, puede ser satisfecha con trabajadoras y trabajadores de la localidad.
Son personas que llegan hasta aquí CON LAS MISMAS NECESIDADES VITALES, pero en dos situaciones bien distintas en cuanto a su situación jurídico-administrativa: «con papeles o sin papeles». Ello les condiciona sus vidas de manera determinante. LAS QUE TIENEN PAPELES tienen la gran ventaja de que pueden trabajar legalmente si encuentran quien les contrate. Las que NO TIENEN PAPELES tienen que sufrir un largo periplo de dos a tres años de estancia en España, para regularizar su situación ante el Estado. Es la conocida como «Ley de extranjería», y su posterior Reglamento, quién regula la situación de estas personas. Una ley que hace inviable que una persona inmigrante tenga la posibilidad de trabajar legalmente en España desde el primer momento. De esta manera, el Sistema deja, intencionadamente, a estas personas en una situación de vulnerabilidad.
Cuando llegan al pueblo todas tienen unas mismas necesidades:- “¿DÓNDE puedo recibir información sobre el lugar y los servicios públicos que pueden atenderme?”.- “A QUIÉN puedo dirigirme para encontrar un sitio dónde vivir?”.- “¿DÓNDE informarme sobre la manera de conseguir un trabajo?”- Etc. etc.
Y empiezan las dificultades: lo Público, la Administración, el Ayuntamiento no tiene un lugar específico, ni un personal cualificado al que poder dirigirse. Todo se deja en manos privadas. Cada cual se busca la vida como puede…, y llegan los problemas. Se deja al Mercado que lo regule todo, la libre competencia. Los que disponen de los recursos, en competencia de intereses con los que tienen las necesidades…El Sistema funciona así, el Capitalismo funciona así… Y así nos va…
El contexto social que se encuentran estas personas al llegar a Palma del Río, por lo que a la vivienda se refiere, es el de una fuerte demanda de vivienda para alquiler. Todos y todas necesitan un sitio donde vivir dignamente. Esta fuerte demanda se viene observando desde hace bastante tiempo. Se agrava en los momentos en que, atraídos por la gran cantidad de trabajo existente en las distintas campañas agrícolas, llegan hasta el municipio numerosos inmigrantes dispuestos a trabajar. A la vez que ocurre esto, nos encontramos con un gran número de viviendas deshabitadas que se reparten por todo el pueblo. La tensión social está servida…El Mercado manda… Ninguna institución pública hace nada por intentar solucionar el problema.
Esta situación provoca que determinadas personas «de aquí» se aprovechen y monten «mafias» que intentan Okupar viviendas vacías para ofrecerlas, previo «pago», a los inmigrantes. En otras ocasiones, personas «de aquí» les alquilan, sin ningún tipo de contrato oficial, sus viviendas, provocando siempre situaciones de hacinamiento,explotación y vulnerabilidad a sus ocupantes, a costa del enriquecimiento propio y la especulación.
Tras un sitio donde vivir, la otra gran necesidad que se les plantea a estas personas es encontrar un trabajo. La gran transformación experimentada por la agricultura en nuestro municipio, durante las últimas décadas, hace que exista una gran oferta de trabajo. De esta manera, la mayor parte de la población inmigrante trabaja en el campo. Las personas que tienen “los papeles en regla” se enfrentan a una situación algo menos complicada. Los que “no tienen papeles”, afrontan su vida en unas condiciones de ilegalidad, explotación, precariedad y vulnerabilidad que todo el mundo conoce. Una vez más, el Mercado manda… El Sistema es así…
Las instituciones conocen todas estas circunstancias, que perduran en el tiempo año tras año, y no ponen remedio. Las administraciones locales, autonómicas y estatales tienen la responsabilidad de abordar estos problemas de manera integral. No basta con medidas paliativas o discursos vacíos.
Instamos a nuestro Ayuntamiento, en colaboración con las demás administraciones, a desarrollar un programa municipal de inmigración que incluya:
1. Información, asesoramiento y tramitación administrativa para la regularización urgente: Facilitar trámites ágiles y accesibles para la obtención de documentos que permitan a los inmigrantes trabajar y vivir en condiciones dignas.
2. Poner en marcha un programa municipal que promueva el alquiler social de viviendas. Para ello se utilizarán, sobre todo, el gran número de viviendas que en estos momentos se encuentran deshabitadas.
3. Establecer las medidas de inspección necesarias para garantizar que no se produzcan situaciones de ilegalidad, especulación y hacinamiento en las viviendas alquiladas.
4. Garantizar el acceso a servicios básicos: Asegurar que todas las personas,independientemente de su situación administrativa, tengan acceso a sanidad,educación y otros servicios esenciales.
5. Condiciones laborales legales: Coordinar con las administraciones competentes el desarrollo de un programa sistemático de inspecciones de trabajo que garantice que los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su origen, desarrollen su trabajo cumpliendo la legislación laboral vigente.
6. Políticas de integración: Desarrollar programas que fomenten la convivencia intercultural, combatan la xenofobia y promuevan la inclusión social.
7. Sensibilización y educación: Promover campañas de sensibilización que desmonten los estereotipos xenófobos, SUS MENTIRAS Y FALSEDADES y fomenten el respeto a la diversidad.
La situación actual en Palma del Río no es solo un problema de los inmigrantes; es un problema de toda la sociedad. La exclusión y la desigualdad nos degradan como comunidad y nos alejan de los valores de justicia, solidaridad y respeto que deben ser el fundamento de una sociedad democrática y avanzada.Exigimos a las autoridades locales, autonómicas y estatales que asuman su responsabilidad y actúen de manera urgente y decidida. No podemos permitir que la indiferencia y la burocracia sigan perpetuando un sistema que viola derechos humanos básicos y que niega la dignidad de personas que contribuyen con su trabajo al desarrollo económico y social de nuestra comunidad.
Construir una sociedad justa e inclusiva es tarea de todos y todas. Desde este manifiesto, hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a las instituciones para que trabajemos en la eliminación de la exclusión, la discriminación y la xenofobia. Solo así podremos garantizar una convivencia pacífica y respetuosa, donde todas las personas, independientemente de su origen, sean tratadas con la dignidad que merecen.
Este manifiesto es una llamada a la acción y a la reflexión. La inmigración no es un problema; es una oportunidad para construir una sociedad más justa, diversa y solidaria.
¡Actuemos ahora!
Firmantes: Organizaciones, colectivos y ciudadan@s comprometidos con los derechos humanos y la justicia social.
